La historia de la independencia de Venezuela no comenzó con un grito unánime de libertad, sino con el crujido de una élite que, temerosa de perder sus privilegios, se vio forzada a reinventar el orden social que la había encumbrado. En el corazón de la Capitanía General, un grupo de blancos criollos, conocidos despectivamente como mantuanos, tejieron las contradicciones que llevarían al colapso del imperio español en suelo americano. Lejos de ser una gesta heroica y homogénea, el proceso emancipador fue un laberinto de cálculos políticos, lealtades fracturadas y una feroz pugna por el poder que culminó en la fatídica Declaración de Independencia de 1811 y en la creación de una república ideal, pero profundamente conservadora en sus cimientos.
El Despertar de los Mantuanos: Entre el Poder Económico y la Crisis Colonial
Para comprender la magnitud del cambio que se gestó a finales del siglo XVIII y principios del XIX, es imperativo sumergirse en la mentalidad de la clase mantuana. Estos blancos criollos, descendientes directos de los conquistadores, no eran simplemente un grupo social; eran la columna vertebral de la economía colonial. Su poder residía en la posesión de inmensas plantaciones de cacao, el codiciado «grano de oro», y en el control de la mano de obra esclavizada. Como señala la Fundación Empresas Polar, el término «mantuano» deriva del uso exclusivo de la prenda por las señoras de los grandes propietarios, sirviendo para designar a toda una clase social con una marcada tendencia endogámica y una férrea defensa de la discriminación social y racial. El poder de este grupo no era solo económico; dominaban el Cabildo caraqueño y aspiraban a un dominio absoluto de las provincias que conformaban la Capitanía General.
Sin embargo, este poder omnímodo comenzó a resquebrajarse ante la decadencia de la economía colonial. Las guerras en las que España se vio inmersa a fines del siglo XVIII, especialmente los conflictos franco-español e inglés, afectaron gravemente la producción comercial de las provincias americanas. Los mantuanos, dueños de la tierra y del comercio, entendieron que la metrópoli comercial y su monopolio podían ser sustituidos por otros mercados extranjeros, dentro y fuera del área del Caribe. La obtención de semejantes aspiraciones solo podía ponerse en marcha con una política coherente que atendiera a este interés, la cual no era practicada por los funcionarios españoles que imponían la Corona para ejercer la administración político-comercial de sus provincias. El objetivo, por tanto, era sustituir la administración burocrática española, pero el temor reverencial a la Corona y el terror a un alzamiento de los otros grupos de color que formaban la sociedad colonial les obligaron a esperar una coyuntura que hiciera posible el objetivo anhelado.
Esta coyuntura no tardó en llegar. La invasión de las tropas napoleónicas a la península ibérica y la abdicación de la Corona española en la persona de Napoleón Bonaparte desataron un profundo debate sobre la estabilidad de las instituciones monárquicas. En 1808, el pueblo demostró su fervor al Monarca con el rechazo a la usurpación de José Bonaparte, pero un grupo de mantuanos, dirigidos por figuras como Antonio Fernández de León, aprovechó la ocasión para plantear al Capitán General la necesidad de crear una junta de gobierno similar a las que se habían formado en España. Esta iniciativa, conocida como la Conjura de los Mantuanos, ha sido objeto de un intenso debate historiográfico. Mientras que algunos la consideran un preámbulo de la independencia, la historiadora Inés Quintero sostiene que, por el contrario, fue una última demostración de lealtad a la Monarquía. Los mantuanos implicados se dividieron en dos grupos: uno que mantenía una posición favorable a los intereses de la monarquía, siempre que les fuera garantizada la libertad de comercio, y otro, integrado principalmente por los más jóvenes, que solicitaba una ruptura total con el gobierno hispánico.
La Conjura de 1808: El Primer Intento de Autonomía
La coyuntura internacional de 1808 fue el momento esperado por los mantuanos. La invasión del ejército francés a la península ibérica, la abdicación de Bayona y el levantamiento del 2 de mayo en Madrid iniciaron un poderoso movimiento en toda España que organizó juntas para encargarse del gobierno y de la lucha de resistencia. Esta situación tuvo una profunda repercusión en la Capitanía General de Venezuela. A mediados de 1808, una vez enteradas las provincias de los hechos acaecidos en España, el pueblo demostró su fervor al Monarca, pero los mantuanos, dueños de la tierra y del comercio, entendieron que era el momento de actuar. Dirigidos por Antonio Fernández de León, plantearon al Capitán General, Manuel de Casas, la necesidad de crear en Venezuela una junta similar a las que se habían formado en España.
La conjura, sin embargo, fracasó. Ante la indecisión de Casas, los principales promotores, entre los que se encontraban los Ribas, los Montilla, Miguel Ustáriz, Francisco Antonio Paúl, el Marqués del Toro, Martín y José Tovar, hijos del anciano Conde de Tovar, se conjuraron en un movimiento que tenía como fin convocar una junta con representantes de los diversos sectores sociales para que ejercieran la autoridad en nombre de «Nuestro augusto soberano el señor Don Fernando VII, a quien Dios guarde». Pero la junta no se constituyó. Descubierta la conjura, algunos de los firmantes del proyecto fueron arrestados en sus domicilios y en los cuarteles, y Fernández de León, considerado autor intelectual del movimiento, fue enviado a España bajo rigurosa partida de registro.
La consecuencia fundamental de esta conjura fue la ruptura definitiva entre los mantuanos y las autoridades españolas. Estas respondieron a los primeros otorgando prerrogativas a los pardos y sustituyéndoles en el nivel preferencial que habían tenido los mantuanos. Los pardos, alentados por las autoridades españolas, «declararon su adhesión a los peninsulares y ofrecen su servicio para combatir las maniobras de los aristócratas que tienden echar por tierra el sistema de gobierno bajo cuyos auspicios habían disfrutado hasta entonces de la mayor tranquilidad». Este episodio, lejos de ser un simple acto de lealtad, sembró la semilla de la desconfianza y la confrontación, preparando el terreno para el estallido de 1810.
El 19 de Abril de 1810: La Fractura del Poder Colonial
El año 1809 trajo consigo un cambio significativo en la Capitanía General con la llegada del nuevo Capitán General, Vicente Emparan, quien sustituyó a Vicente de Casas. Emparan había sido nombrado por el gobierno usurpador francés, y a él mismo se le tenía por afrancesado. Esta situación fue aprovechada por los mantuanos para conspirar nuevamente a favor de una junta que cuidara sus intereses de clase. Aquellos, a su vez, se habían dividido en dos grupos a raíz del fracaso de la conjura de 1808: uno de ellos predicaba la revolución violenta e inmediata, mientras que el otro buscaba por medios legales una evolución pacífica, actuando de acuerdo con el rumbo de los sucesos en España.
El primer grupo actuó en 1810. En la noche del 1 al 2 de abril, y contando con el apoyo del Batallón de Granaderos de los Valles de Aragua, acantonado en la «Casa de la Misericordia», pretendió tomar el poder. Debelada la conspiración, sus organizadores fueron tratados liberalmente, siendo trasladados a otras plazas por el nuevo Capitán General. Pero a mediados de aquel mes, concretamente el día 19, triunfaría la nueva intentona mantuana. Los sucesos de la guerra en España, nada favorables a los hispanos, que habían perdido territorio en la metrópoli ante la acometida de los franceses, de quienes se esperaba, por otra parte, que controlaran pronto toda la Península, obligaron a los conspiradores a poner en marcha la sedición.
Habiéndose ganado la cooperación de los jefes militares que comandaban los batallones de veteranos o las milicias, así como el apoyo de los «notables», de los intelectuales, de parte del clero y de otros sectores de la sociedad, lo mismo que de un núcleo considerable del pueblo, en la casa del Cabildo, frente a la Plaza Mayor, se celebró una agitada sesión, presidida por Emparan. En esa sesión, los vocales plantearon, ante el inminente derrumbe de la resistencia española, la necesidad de constituir una junta similar a la de España para regir los destinos de la Provincia. Emparan, asumiendo la misma postura indecisa y dubitativa de su predecesor, quiso ganar tiempo suspendiendo la sesión con la excusa de que, por ser aquel día fecha solemne (Jueves Santo), se hacía necesaria su presencia en la Catedral para la celebración de la liturgia. Al dirigirse a la Catedral, uno de los revolucionarios, Francisco Salias, le salió al paso y, tomándole por el brazo, le conminó a volver al Cabildo; y Emparan, que esperaba la intervención de la guardia, al ver que el oficial que la dirigía le ordenó a ésta no moverse de su sitio, volvió al Cabildo acompañado de los alcaldes, regidores y «notables».
A la nueva sesión se incorporaron noveles personajes como el doctor Juan Germán Roscio, el canónigo José Cortés de Madariaga y otros representantes —o que pretendían ser tales— del pueblo y del clero, quienes asumieron una postura firme ante el Capitán General. Ante esta actitud, Emparan realizó el célebre acto que ha registrado la historia: preguntar al pueblo, reunido en la Plaza Mayor, si deseaba que él, como Capitán General, continuara en el mando. La respuesta popular fue negativa. «Pues yo tampoco quiero», exclamó Emparan. De inmediato quedó allí formada oficialmente la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la cual desde el comienzo se denominó a sí misma «Nuevo Gobierno».
La Junta Suprema de Caracas: Entre la Lealtad y la Soberanía
Si bien, inicialmente, el carácter de la Junta y la naturaleza de sus estructuras organizativas dejaban asomar un eco de fidelidad a la Monarquía, a medida que corría el primer año de su administración fue cambiando hasta tomar un carácter decididamente autónomo. Las razones para declararse organismo defensor del principio prisionero obedecían a un motivo táctico del momento: las otras «castas» que conformaban la sociedad colonial seguían siendo fieles al Rey; y una posición que fuera interpretada por el pueblo como dañina a los intereses reales hubiera destruido la obra recién iniciada.
La Junta adoptó entonces una política que, con el paso del tiempo, se encargara de ir calmando los ánimos y, en la medida que esto sucediera, de lograr la transformación de las viejas estructuras coloniales en bases republicanas. Este sería el camino a tomar, pues el espíritu de los miembros de la Junta, compuesta como estaba por elementos del «mantuanaje», que aspiraban a controlar la administración, y respaldar así sus propios intereses, giraba en torno de la absoluta autonomía. Las exigencias del pueblo hicieron torcer un poco los planes, pues el antiguo Cabildo fue coaccionado para que admitiera en sus estructuras a elementos extraños al «mantuanaje», lo que dio al nuevo organismo una imagen popular.
La Junta, compuesta por 23 miembros, encabezados por los alcaldes Martín Tovar Ponte (venezolano) y José Llamozas (español), se precisó de manera definitiva el 25 de abril: dos alcaldes, un alférez, un síndico procurador, once regidores y tres representantes del pueblo. La organización del Gobierno se determinó con la creación de cuatro secretarías de un Despacho: Relaciones Exteriores, a cargo de Juan Germán Roscio; Gracia y Justicia, a manos de Nicolás Anzola; Hacienda, bajo la dirección de Fernando Key Muñoz; y Guerra y Marina, a las órdenes de Lino de Clemente. La antigua Real Audiencia se transformó en un Tribunal de Apelaciones cuya integración se hizo con cuatro ministros, un relator, dos fiscales y un secretario.
El 20 de abril, la Junta publicó una proclama para invitar a las otras provincias a sumarse al movimiento. El 27 del mismo mes se dirigió a los cabildos de las capitales de América llamándolos a la insurrección. El 3 de mayo comunicó al Consejo de Regencia el desconocimiento de su autoridad y empezó a legislar sobre asuntos urgentes, hasta aquel momento exclusivos de la monarquía española. Fue suprimido el derecho de alcabalas sobre comestibles y se declaró el libre comercio; igualmente se declaró extinguido el derecho de importación y suprimido el tributo a los indios. El 10 de junio convocó a los pueblos a elecciones, y el 14 de agosto prohibió el tráfico de esclavos, así como puso en libertad a todos los detenidos por vagancia para que fueran a trabajar en la agricultura.
Siguiendo una línea política en materia de relaciones exteriores, envió a Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello en misión ante la Corte de Inglaterra; y a Telésforo Orea, Juan Vicente Bolívar y Rafael Revenga, a Estados Unidos. A Curazao y Jamaica fueron enviados Mariano Montilla y Vicente Salias, respectivamente. A Nueva Granada fue asignado el canónigo José Cortés de Madariaga, y a la isla de Trinidad, Casiano de Medranda. Todos estos plenipotenciarios viajaban con la mira de solicitar a tales países reconocimiento y ayuda al nuevo gobierno. Sin embargo, las actividades en el campo diplomático estuvieron rodeadas, si no de fracasos totales, al menos de incertidumbres y desconciertos, en lo referente al nuevo gobierno, por parte de Estados Unidos e Inglaterra. El Gobierno del primero de ambos países declaró formalmente su intención de no causar molestia a los franceses, ni de entorpecer los planes políticos del rey José Bonaparte. Por ello no fue positivo el resultado final de las gestiones que realizó la delegación. Por su parte, el gobierno inglés, en el cual la Junta había puesto sus mayores esperanzas, respondió a los comisionados enviados ante la corte de Saint James que no podía recibir representantes de un gobierno que se denominaba «defensor de los derechos de Fernando VII» (que aparentemente era súbdito del mencionado príncipe), por cuanto sus exigencias eran una petición de auxilio para luchar contra españoles aliados de la Corona inglesa.
La formación de la Junta Suprema tuvo consecuencias externas e internas. En el plano exterior, el Consejo de Regencia intuyó bien las pretensiones de la Junta de Caracas, así como de las que se conformaron posteriormente; desaprobó su actitud y la declaró en rebeldía. Las represalias culminaron el 1 de agosto de 1810 con el decreto del bloqueo total y permanente a las costas venezolanas a fin de impedir todo comercio. Para el cumplimiento de esta medida se nombró Comisionado Real a Antonio Ignacio Cortabarría, quien debía cumplir las instrucciones actuando en forma conjunta con Fernando Miyares, gobernador monárquico de Maracaibo, quien, en premio a su lealtad, había sido nombrado Capitán General. Los contactos de ambos funcionarios con los miembros de la Junta no surtieron efecto, por lo que expidieron «patentes de corso» a monárquicos que entorpecieran la navegación y el comercio.
En el interior de la Capitanía General, los cabildos de las principales ciudades de las provincias (Cumaná, Barinas, Trujillo, Barcelona, Mérida y Margarita) crearon juntas similares a la de Caracas. Sólo Coro, Maracaibo y Guayana —que al comienzo también habían constituido juntas— permanecieron fieles a la causa monárquica y desconocieron a la Junta de Caracas. En el caso particular de Coro, el gobierno de la Provincia, encabezado por Francisco Ceballos, apresó a los enviados de la Junta de Caracas (Vicente Tejera, Diego de Jugo y Andrés Moreno), acusándoles de traidores y justificando tal acto y su rebeldía con el argumento de que la ciudad de Caracas, al destituir al Capitán General y a la Real Audiencia, había perdido su papel como capital de la Capitanía, quedando en igualdad de condiciones con el resto de las ciudades, sin que su Cabildo pudiera imponerse sobre los demás. En el supuesto —sostenían los corianos— de que alguno de los ayuntamientos se convirtiera en cabeza visible del Gobierno, éste debería ser el de Coro, por ser la ciudad más antigua de la Capitanía. Esta desavenencia no era más que el eco de la vieja rivalidad entre ambas ciudades por el status de capital de la Provincia, status que Coro aspiraba a retomar apoyando a la Regencia.
La respuesta de la Junta Suprema no se hizo esperar. Un ejército al mando del jefe militar de la misma, Francisco Rodríguez del Toro —el Marqués del Toro—, formado por cuatro mil hombres, se dirigió a tomar posiciones en Barquisimeto o en Carora, para desde ahí conminar a los corianos a reconocer el gobierno de la Junta de Caracas. Ante la negativa de los corianos, el Marqués ordenó el ataque, confiado en que sólo encontraría una débil resistencia; pero se equivocó. Los habitantes de esa provincia hicieron alardes de valor y rechazaron a los ejércitos de la Junta. El 28 de noviembre, al tener noticias de un inminente ataque de fuerzas venidas de Maracaibo, en auxilio de los corianos, a las órdenes del nuevo Capitán General nombrado por la Regencia, Rodríguez del Toro tuvo que retirarse hacia Barquisimeto, desde donde regresó a Caracas. Concluía así la primera campaña patriota en un esfuerzo inútil y desdichado. En Maracaibo, el 18 de mayo de 1810, el brigadier Miyares convocó al Ayuntamiento de aquella ciudad a una reunión, después de haberse enterado, el día anterior, de las noticias de la rebeldía de Coro ante la Junta de Caracas. En esa reunión, a la cual asistieron el comandante de armas, el diputado consular, tres clérigos y tres abogados, se aprobó seguir el ejemplo de Coro y desconocer el gobierno de Caracas. Tal decisión se le comunicó a la capital. El gobierno de Maracaibo declaraba «su entera sumisión y absoluto respeto de obediencia al Señor Don Fernando VII, o a quien legítimamente le represente, de cuyos principios jamás se separarán los pueblos de esta provincia y su cabeza». Así, Maracaibo y Coro volviéronse los baluartes del realismo, y desde ellos partirían las expediciones de reconquista monárquica.
La Declaración de Independencia de 1811: El Sacrificio de la Máscara
Además de la desobediencia de las provincias mencionadas y el bloqueo comercial, la Junta debió enfrentar sediciones en su propio patio. En junio de 1810, y por delación del sargento Antonio Táñago, se descubrió una conspiración organizada por los españoles Moncloa y Negrete, quienes fueron apresados y, después de confesar su delito, finalmente condenados: uno a la horca y el otro al destierro perpetuo. Más grave fue la sedición descubierta el 4 de octubre, que pretendía constituir un gobierno provisional encabezado por el arzobispo (de Caracas) Narciso Coll y Prat, el canónigo Juan Echevarría y el contador mayor José de Limonta. Los principales conjurados fueron condenados. Sin embargo, como el asunto no pasó de ser una tentativa, la causa terminó sentenciando a unos a prisión, en La Guaira y Puerto Cabello, y a otros a destierro y confinamiento, según su grado de culpabilidad.
Fueron los sucesos del 21 y el 22 de octubre, respectivamente, los que obligaron a la Junta a acelerar el proceso de emancipación definitiva. El 21 de octubre, el pueblo de Caracas se enteró de los sucesos acaecidos en la ciudad de Quito: el 2 de agosto de ese año, la guarnición militar de esta ciudad redujo a sangre el intento de sus habitantes por liberar a los delegados de la Junta de Gobierno —similar a la de Caracas— que se había instalado el año anterior. Ante esta noticia, la Junta caraqueña se reunió con urgencia al día siguiente. Mientras sesionaba, una manifestación popular (de pardos en su mayoría), encabezada por dos miembros de la Junta —los hermanos José Félix y Francisco José Ribas—, exigió a nombre del pueblo la imposición de una política resuelta, la expulsión de todos los españoles de la Provincia y el dictado inmediato de enérgicas medidas de seguridad. La Junta prometió atender tales requerimientos; decretó honras fúnebres a los quiteños víctimas del Gobierno español y redactó una proclama en la que anunciaba su intención de velar por los ciudadanos. Mas, en lo privado, consideró que aquella manifestación había proporcionado un escándalo público que, de repetirse, traería muy graves consecuencias al Gobierno, por lo que decidió la expulsión de los hermanos Ribas. Tales hechos repercutieron en el ánimo de aquellos miembros de la Junta que reconocían que el gobierno de ésta era provisional y, por lo tanto, sin base legal suficiente para hacerse fuerte; base legal que sólo podía darle la Constituyente de donde saldrían las legítimas autoridades.
El 10 de junio, la Junta convocó a elecciones para el Congreso a celebrarse el año siguiente. El reglamento redactado por Roscio, si bien llamaba a votar a «todas las clases de hombres libres», excluía a las mujeres, a los menores de 25 años, salvo si eran casados o viudos, a los deudores, a los extranjeros, a los vagos, los criminales, y los sirvientes o dependientes de otras personas. Las elecciones se establecieron en dos grados. Un elector parroquial sería elegido por cada quinientas almas y otro por un exceso de doscientas cincuenta; estos electores, reunidos, elegirían a un diputado por cada veinte mil habitantes y a otro más por exceso de diez mil. Los diputados elegidos recibirían credenciales para su identificación ante la Junta, que les acreditaba como diputados a la Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela. A esta asamblea cedería el poder la Junta Suprema.
En el mes de noviembre de 1810 concluyeron las elecciones, arrojando el siguiente resultado: la provincia de Caracas designó a 24 diputados; la de Barinas, a 9; la de Cumaná, a 4; la de Barcelona, a 3; la de Mérida, a 2; y la de Trujillo, a 1. Todos los diputados eran representantes natos de la clase «mantuana», conservadora por naturaleza e intereses, pero imbuida, al menos en su lenguaje, por las ideas liberales del Contrato Social y de los Derechos del Hombre, entonces en boga.
El 2 de marzo de 1811 se reunió en Caracas el primer Congreso de Venezuela con los diputados que representaban a las provincias de Caracas, Margarita, Cumaná, Mérida, Barinas, Barcelona y Trujillo. La reunión del Congreso coincidió con el clima revolucionario que poblaba a la Caracas de entonces y que se manifestaba a través de la prensa. En el Semanario de Caracas, El Mercurio Venezolano, El Patriota Venezolano y La Gaceta de Caracas se hicieron planteamientos y crudos análisis de la sociedad colonial; se defendió la libertad de cultos, la tolerancia religiosa y el estado laico; y se planteó el problema de la igualdad social, introduciendo elementos de disgregación ajenos hasta el momento a una extensa parte de la sociedad colonial. Aunado a ello, se difundían y aprobaban los principios revolucionarios emanados de ideólogos franceses y norteamericanos.
Conjuntamente con la prensa, hace su aparición la Sociedad Patriótica, creada por decreto de la Junta Suprema con el objeto de fomentar la agricultura y la cría. A partir de la llegada de Francisco de Miranda, no tarda en convertirse en un poderoso instrumento de acción política que apunta directamente hacia la emancipación, creando un conflicto de generaciones entre los cautelosos miembros del Congreso y los jóvenes y apasionados integrantes de tal Sociedad.
A medida que avanzaba en sus sesiones, el Congreso se precipitaba hacia la independencia. El 1 de julio se acordó una medida de extraordinaria trascendencia: la «Declaración de los Derechos del Pueblo». Esta declaración fijaba los derechos y deberes del individuo y del cuerpo social, así como decretaba la soberanía popular (imprescriptible, inajenable e indivisible), la libertad, la seguridad, la propiedad, la igualdad ante la ley, la temporalidad de los empleos públicos y, por último, la felicidad como objeto y fin de la sociedad. Sin embargo, ante tan maravillosos postulados, los «mantuanos» no obviaban la realidad política ni sus intereses de clase, y corrigen esos postulados estableciendo dos categorías de ciudadanos, de las cuales sólo la formada por los propietarios tendría la facultad de votar y reservarse el derecho de señalar los monopolios que reclamasen las necesidades del Estado, así como declarando al catolicismo como la única religión nacional.
El 3 de julio, el diputado por Guanarito, José Luis Cabreras, planteó ante el Congreso el debate que culminaría con la «Declaración de Independencia». El 5 de julio, previa opinión favorable del Ejecutivo, fue solemnemente declarada. El acta respectiva fue leída y aprobada el 7 de julio. Todos los diputados —excepto el padre Maya, diputado por La Grita, quien dejó constancia de su desacuerdo— suscribieron su aprobación. El 15 de julio, los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de la Milicia, y el Arzobispo de Caracas prestaron el juramento respectivo. El 30 de julio se publicó una exposición de motivos que declaraba: «el deseo de vivir y morir libres defendiendo la santa católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros deberes y así nos declaramos de hecho y de derecho, estados libres soberanos e independientes, sin ninguna sujeción a España, o de los que se dicen sus apoderados o representantes».
La Constitución de 1811: El Sueño Federalista y sus Contradicciones
El 21 de diciembre, treinta y siete diputados estamparon su firma al pie de la primera Constitución venezolana, redactada por Francisco Isnardi, a partir del proyecto presentado por la comisión creada para redactarla el 16 de marzo. La Constitución de la nueva República de Venezuela se nutría en los principios de la filosofía racionalista del siglo XVIII, cuyas primeras manifestaciones fueron la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y la declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, así como en el derecho colonial. En su parte dogmática consagraba las cuatro categorías recogidas por las Constituyentes de Francia y Estados Unidos: libertad, igualdad, propiedad y seguridad.
En su parte orgánica se ocupaba de las garantías reconocidas a los individuos. El principio de igualdad era el más interesante, pues estremecía la estructura misma de la sociedad colonial. En efecto, en las discusiones dentro del Congreso se había planteado ese delicado principio, y el diputado por Araure, Francisco Javier Yanes, sostuvo la tesis de que «Caracas jamás peleará por hacer hombres esclavos unos de otros, sino por redimirlos de la tiranía y el despotismo». La opinión era compartida por la mayoría de los representantes de la provincia de Caracas, pese a las reservas opuestas por los de las otras provincias. La Constitución declaraba la igualdad en un sentido antirracista, barriendo con las antiguas distinciones de clase, aun cuando conservó la esclavitud. Esta contradicción se explica porque estaban en oposición los intereses de clase con los principios idealistas de los revolucionarios.
La nación se creaba sobre bases federativas, aun cuando la Constitución la llamaba Confederación. Cada uno de los estados que la formaban conservaba su libertad, soberanía e independencia, reservándose al poder público federal la paz interna, las relaciones extranjeras, los tratados y alianzas, la declaración de guerra internacional, la creación de impuestos nacionales y la legislación sobre los intereses nacionales. Se sancionaba igualmente la separación de poderes, divididos en legislativo, ejecutivo y judicial. El primero adoptaba el principio bicameral de Representantes y Senadores elegidos por el pueblo, en elección de segundo grado, a través de un sistema censitario que otorgaba la exclusividad de los cargos a la minoría adinerada: los «mantuanos». El poder ejecutivo era ejercido por un triunvirato que cumplía funciones por cuatro años, estando conformado por miembros que poseyeran bienes raíces, elegidos por los mismos electores que escogían a los representantes de las cámaras legislativas, y su elección la perfeccionaba el Congreso. El poder judicial residía en una Corte Suprema cuyo número de miembros era determinado por el Congreso.
Basada en esta Carta Fundamental, nacía la efímera Primera República de Venezuela. Una República ideal, por los principios revolucionarios que la erguían, pero conservadora y «mantuana» en sus realidades. La Constitución de 1811 establecía la igualdad de pardos e indígenas con los blancos; se eliminaban los fueros personales y los títulos nobiliarios; y prohibía la trata de esclavos, según lo establecido por la Suprema Junta en agosto del año anterior. Sin embargo, la estructura de poder seguía en manos de la élite criolla, y la contradicción entre los ideales ilustrados y la cruda realidad de una sociedad esclavista y estratificada sería el talón de Aquiles de la naciente república.
El proceso que condujo a la independencia de Venezuela fue, en esencia, la historia de una élite que, ante el vacío de poder dejado por la invasión napoleónica a España, decidió tomar las riendas de su destino. Los mantuanos, motivados por el temor a una revolución social que les arrebatara sus privilegios y por el deseo de controlar el comercio y la administración, transitaron de una lealtad condicionada a la monarquía a una independencia absoluta. La Conjura de 1808 fue el primer ensayo de esa autonomía; el 19 de abril de 1810, la fractura definitiva; la Junta Suprema, el puente entre la fidelidad y la soberanía; y la Declaración de 1811, el acto formal de un pueblo que se declaraba libre. La Constitución de 1811 fue el intento de plasmar en un papel los ideales de la Ilustración, pero también el reflejo de las contradicciones de una sociedad que no estaba dispuesta a renunciar a sus jerarquías. La independencia no fue un regalo, sino una conquista plagada de tensiones, y su legado es un recordatorio de que la construcción de una nación es un proceso inacabado, donde los ideales de libertad e igualdad deben luchar constantemente contra los intereses del poder.
Fuentes Oficiales
- Academia Nacional de la Historia (Venezuela): http://www.anhvenezuela.org.ve/
- Fundación Empresas Polar – Diccionario de Historia de Venezuela – BibloFEP: https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/m/mantuanos/
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: https://www.cervantesvirtual.com/portales/venezuela/
- Redalyc: https://www.redalyc.org/
- Red Historia Venezuela: https://redhistoriave.org/
- Dialnet (Universidad de La Rioja) – Tiempo y Espacio: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24734
- Pino Iturrieta, E. (Coord.). (2006). Historia Global de Venezuela: Vol. II. Independencia y siglo XIX. Editorial Globe. ISBN 980-6427-15-7. Depósito Legal: lf 816200590052.B. (pp. 53-61).
Dos por Venezuela Oficial © 2026. Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional.
Ani Garcia
