En 1741, la pequeña ciudad de San Felipe El Fuerte, enclavada en el valle del Yaracuy, se convirtió en el epicentro de una rebelión que desafió simultáneamente al poder del gobernador de Venezuela y al monopolio de la Compañía Guipuzcoana. No fue un motín improvisado: fue la respuesta calculada de un cabildo, de vecinos criollos y de sectores populares contra un funcionario vizcaíno enviado para reprimir el contrabando que sostenía la economía regional. Lo que comenzó como el desconocimiento de una autoridad impuesta terminó con la toma del cabildo, una breve resistencia armada y una capitulación que, aunque evitó el baño de sangre, dejó a la ciudad humillada y a sus líderes castigados. Esta es la historia de cómo San Felipe El Fuerte se atrevió a plantarle cara al sistema colonial.
Los Precursores. Mural/mosaico (detalle). Cesar Rengifo. Paseo «Los Próceres» Caracas. CC-BY-NC-ND 4.0
El contexto: la Compañía Guipuzcoana y el contrabando en el valle del Yaracuy
Para entender el motín, hay que mirar el mapa económico de la Venezuela del siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, creada en 1728, tenía el monopolio del comercio del cacao y otros frutos de la provincia. Su objetivo declarado era frenar el contrabando que, desde hacía décadas, fluía por los ríos y costas hacia las islas holandesas de Curazao y Aruba. El valle del Yaracuy, con su río navegable y su producción cacaotera, era uno de los corredores más activos de ese comercio ilícito. San Felipe El Fuerte, fundada como bastión defensivo, se había convertido en el corazón comercial de la región: allí confluían hacendados, comerciantes locales y contrabandistas que tejían redes con los factores neerlandeses e ingleses.
La Compañía no solo acaparaba la compra del cacao; también imponía precios, cobraba impuestos y desplazaba a los comerciantes criollos. Para los vecinos de San Felipe, el monopolio no era una abstracción fiscal: era una asfixia cotidiana. La tensión acumulada durante más de una década encontró su válvula de escape cuando el gobernador Gabriel José de Zuloaga decidió imponer un hombre de confianza de la Compañía al frente de la justicia local.
La chispa: el nombramiento de Ignacio de Basazábal
A comienzos de 1741, el gobernador Zuloaga designó a Ignacio de Basazábal como teniente y justicia mayor de San Felipe El Fuerte. Basazábal no era un burócrata cualquiera: era un vizcaíno vinculado a la Compañía Guipuzcoana, y traía instrucciones precisas de reprimir el comercio ilícito en la región. Su llegada fue percibida por los capitulares y por los vecinos como la imposición de un agente externo que venía a desmantelar la principal fuente de riqueza local.
Un vizcaíno al servicio del monopolio
Las fuentes académicas coinciden en señalar que Basazábal debía actuar «de común acuerdo con el gobernador y con la Compañía Guipuzcoana». Para los sanfelipeños, eso significaba que la justicia local quedaría subordinada a los intereses de la Compañía. La persecución del contrabando no era una medida abstracta: golpeaba directamente a los hacendados criollos, a los blancos pobres que participaban en el transporte y a los pardos que servían como mano de obra e intermediarios.
La disputa por la legalidad del nombramiento
El Cabildo no se limitó a protestar por las formas. Sus miembros esgrimieron un argumento jurídico de peso: según la Real Cédula de 1739, la prerrogativa para nombrar tenientes y justicias mayores correspondía al Virrey de la Nueva Granada, no al gobernador de Venezuela. Los capitulares dejaron constancia de que el propio gobernador había obedecido esa cédula en un auto del 23 de julio de 1740, reconociendo la autoridad del virrey Sebastián de Eslava. Con ese fundamento, el cabildo abierto del 4 de enero de 1741 no fue un simple arrebato: se presentó como un acto de defensa de la legalidad frente a un nombramiento viciado.
4 de enero de 1741: la toma del Cabildo y la destitución de Basazábal
El 4 de enero de 1741 los vecinos y moradores de San Felipe se reunieron en cabildo abierto. La decisión fue contundente: desconocer a Basazábal como justicia mayor y exigir su salida inmediata de la ciudad. Según la cronología de la Fundación Empresas Polar, el cabildo lo destituyó formalmente, y Basazábal, viéndose perdido, huyó de sus aposentos y se refugió en un establecimiento religioso cercano. Los capitulares tomaron el control de la ciudad y encabezaron a la población en armas, dispuesta a resistir cualquier intento de restitución por la fuerza.
Los actores sociales: criollos, blancos pobres y pardos
El motín no fue obra de un solo estrato. Las fuentes describen una alianza heterogénea: la élite política y económica integrada por los blancos criollos del cabildo, pero también blancos pobres y pardos que veían en la Compañía una amenaza a su subsistencia. Esa composición explica tanto la capacidad de organización como la legitimidad que el movimiento adquirió ante la población. No era una revuelta de castas contra la élite, sino un frente común contra un enemigo externo: el monopolio y su representante local.
La resistencia armada y el apoyo externo
Los amotinados no se quedaron de brazos cruzados. Acondicionaron fosos y cañones que se habían utilizado en la rebelión de Andresote (1730-1733) y contaron con el apoyo de ingleses y holandeses que operaban en la costa. Durante los disturbios, la violencia se cobró una víctima: Juan Ángel Larrea, hombre de la Compañía, fue muerto, y la factoría de la Guipuzcoana fue incendiada junto con sus papeles. El grito que se escuchó entonces —«no queremos vizcaños sino españoles»— revela que la rebelión tenía un componente de rechazo a los funcionarios vascos de la Compañía, percibidos como extranjeros privilegiados.
La reacción del gobernador Zuloaga y la misión de López de Urrelo
La noticia del motín llegó a Caracas y el gobernador Zuloaga reaccionó con firmeza. En un primer momento ordenó el desplazamiento de fuerzas militares para someter a los sublevados. Designó al teniente de gobernador y auditor de guerra, Domingo López de Urrelo, para que se pusiera al frente de la tropa y restableciera la autoridad. Sin embargo, la resistencia mostrada por los sanfelipeños —y el antecedente de la rebelión de Andresote— hicieron reflexionar al gobernador, quien optó por una vía conciliadora.
La capitulación de abril de 1741
La solución negociada contó con la mediación de Bernardo Raimundo Dacosta Romero, canónigo de la catedral de Caracas que se encontraba en la ciudad, y del propio Domingo López de Urrelo. Las partes firmaron la capitulación en abril de 1741. Los términos exactos no están detallados en todas las fuentes, pero el resultado fue una rendición condicionada: los amotinados depusieron las armas y aceptaron la autoridad del gobernador, mientras que este se comprometió a escuchar sus reclamos y a evitar represalias masivas.
Represalias y castigos
La clemencia fue selectiva. López de Urrelo expulsó de inmediato a los organizadores del motín e investigó sus causas. A los cabecillas se les impuso confinamiento y embargo de bienes, una fórmula habitual en la justicia colonial para castigar sin derramar sangre. Pero el castigo más simbólico recayó sobre la ciudad entera: San Felipe El Fuerte perdió su rango de ciudad y fue reducida a la categoría de pueblo. El gobernador Zuloaga llegó a recomendar a la Corona que se le retirara el estatuto hasta que cesara el comercio ilegal, y el 10 de marzo de 1742 el Rey expidió una real cédula en ese sentido. La lección era clara: desafiar al monopolio tenía un costo colectivo.
Consecuencias y significado histórico del Motín de San Felipe El Fuerte
El motín de 1741 no fue una declaración de independencia ni un movimiento preindependentista en sentido estricto. La historiografía más rigurosa insiste en que sus demandas se mantuvieron dentro del marco de la monarquía: se desconoció a un funcionario, no al rey. Sin embargo, su importancia radica en que demostró que la alianza entre criollos, blancos pobres y pardos podía paralizar a las autoridades coloniales y obligarlas a negociar. Fue un eslabón en la cadena de protestas que, desde Andresote hasta Juan Francisco de León, fueron erosionando la legitimidad del monopolio guipuzcoano.
A casi tres siglos de distancia, el motín de San Felipe El Fuerte sigue siendo un recordatorio de que la historia de Venezuela no se construyó solo con grandes batallas, sino también con cabildos abiertos, motines locales y resistencias cotidianas. La ciudad perdió su título, pero ganó un lugar en la memoria de las luchas contra los privilegios del monopolio.
Fuentes Oficiales
- Academia Nacional de la Historia — Gustavo Vaamonde, «En concilio y en consenso para proveer los remedios que exijan la paz y la seguridad general. Las juntas extraordinarias de defensa y gobierno en Venezuela (s. XVIII – XIX)», Boletín 403.
- Academia Nacional de la Historia — Discurso de incorporación de Gustavo Vaamonde (2018), con referencias a la rebelión de San Felipe El Fuerte.
- Fundación Empresas Polar — Diccionario de Historia de Venezuela: «Movimientos precursores de la Independencia».
- Fundación Empresas Polar — Cronología de Historia de Venezuela: año 1741.
- Dialnet (Universidad de La Rioja) — Artículo sobre la Compañía Guipuzcoana y las rebeliones en Venezuela, con mención al motín de San Felipe (1741).
- Pino Iturrieta, E. (Coord.). (2006). Historia Global de Venezuela: Vol. II. Independencia y siglo XIX. Editorial Globe. ISBN 980-6427-15-7. Depósito Legal: lf 816200590052.B. (pp. 40-41, 50).
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Ani Garcia
